- Apostar siempre por la recuperación de las viviendas ya existentes y puesta en mercado de las que estén vacías antes que por la nueva construcción. Se incentivará el alquiler de estas viviendas, al mismo tiempo que se gravará la vivienda vacía con un impuesto anual.
Aumentando la presión fiscal y de forma exponencial en relación al número de viviendas acumuladas y tiempo de desocupación, para todas aquellas personas físicas o jurídicas poseedoras de viviendas secundarias y, sobre todo, para los poseedores de viviendas vacías.
- Incremento del gasto público en la construcción o puesta en el mercado de vivienda protegida, preferiblemente de promoción pública y en ayudas directas al alquiler
- Creación de una agencia de control del fraude inmobiliario con un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler.
- El 100% de las nuevas reclasificaciones para uso residencial, sean de iniciativa pública o particular, estarán reservadas a vivienda protegida, sean en propiedad o en alquiler.
En la revisión del Plan General se establecerán reservas para vivienda protegida en los sectores de uso residencial existentes pendientes de desarrollo que garanticen en
conjunto un mínimo del 70%.
- El Ayuntamiento apoyará la promoción cooperativa de viviendas y las demás iniciativas públicas (Universidad, etc.) siempre que contribuyan a los objetivos públicos de vivienda, tengan fines sociales y no sean especulativas.
- Preservar y conservar las zonas de especial interés medioambiental